RÉGIMEN DE CUSTODIA, VISITAS Y ESTANCIAS DE MENORES

RECOMENDACIONES PARA ESTA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

Ante la situación actual de incertidumbre de numerosos progenitores separados que no saben como actuar ante la situación actual que vivimos en relación con el régimen de custodia o visita, vemos necesario realizar las siguientes precisiones:

  • La situación generada por la declaración del estado de alarma no tiene antecedentes, por lo que todos (padres, jueces, abogados, etc.) nos movemos en un cierto marco de incertidumbre.
  • Desde nuestro punto de vista, la declaración de estado de alarma no debería afectar al régimen de visitas o custodia. Este se encuentra estipulado en una resolución judicial de obligado cumplimiento y el articulo 7.h del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permite el desplazamiento para “actividades de análoga naturaleza”. Consideramos que el cumplimiento de una resolución judicial que establece un régimen de visitas en causa que justifica el desplazamiento.
  • La realidad es más rica que el derecho y, sin lugar a dudas, existirán casos en los que sea desaconsejable el cumplimiento de dicho régimen: convivencia con personas mayores o grupos de riesgo, desplazamientos de grandes distancias o en varios medios de transporte público, etc. Lo mejor en estos casos es que los progenitores traten de llegar a un acuerdo entre ellos para alterar de algún modo dicho régimen de forma temporal en beneficio y para protección, en primer lugar, de los menores y, en segundo lugar, de los demás familiares, recomendándose dejar constancia de ello por escrito.
  • En el caso de no ser posible el acuerdo, podría buscarse algún tipo de mediación por parte de los abogados. Y si uno de los progenitores considera que el régimen vigente supone un riesgo para el menor, podrá acudir al procedimiento urgente del art. 158 CC, que sí es posible tramitar mientras permanezca vigente la declaración de estado de alarma.
  • El progenitor que no tenga la custodia tendrá derecho a mantener el contacto durante dicha limitación con el menor, sea a través de teléfono, Whatsapp o similar y el progenitor custodio estará obligado a facilitarlo.
  • Si la situación se prolonga más de dos semanas, debería acumularse los días de visita de manera continuada para su disfrute por el progenitor no custodio. Incluso los progenitores que vean recortados sus derechos de visita y estancia podrían compensarlo en todo o en parte una vez termine el estado de alarma.
  • En definitiva, estamos ante una tesitura nueva y excepcional por lo que, en primer lugar, se debe instar a los progenitores a alcanzar acuerdos entre ellos para afrontarla buscando siempre el bienestar de los menores.

Pregunten siempre a su abogado en caso de duda y, sobre todo, no se fíen de noticias, rumores o titulares sensacionalistas publicados en algunos medios que solo están provocando más inseguridad y desconcierto en un asunto de suma importancia.

¿Se puede reclamar contra los intereses abusivos de determinadas tarjetas de crédito?

Atentos a la importante Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, en Sentencia 149/2020 de 4 de marzo de 2020 (Rec. 4813/2019) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Wizink contra la Sentencia 402/2019, de 9 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santander, que declaraba la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito revolving, aplicando la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908.

No se trata de una declaración general de nulidad de este tipo de contratos, aunque el Tribunal, recordando su  sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, ofrece los siguientes puntos a examinar en estos contratos de cara a determinar si está viciado o no de nulidad:

  • Si el reclamante tiene la condición de consumidor, «el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores». En este caso no se examina esa cuestión porque la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.
  • El art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura establece que «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso…». Sin embargo, en España la regulación no indica qué se entiende como interés notablemente superior por lo que es obligación de los tribunales realizar esa labor de ponderación una vez tomado un índice de referencia, que será «el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada».
  • Tanto la sentencia de instancia como el Tribunal Supremo toman como referencia el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving, que en el supuesto enjuiciado era del algo superior al 20%. Wizink aplicaba al crédito de la tarjeta revolving un interés del 26,82%. Este porcentaje se considera usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario con base en las siguientes razones:
  • El tipo del que se parte para realizar la comparación (el 20%) es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia, menos margen habrá para incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura.
  • Deben tenerse en cuenta otras circunstancias como el perfil del contratante (normalmente personas que no pueden acceder a otras formas de financiación), las peculiaridades del crédito revolving (crédito que se recompone constantemente, cuotas bajas en comparación con la deuda y que se alargan el en tiempo, con una clara desproporción entre amortización de capital e intereses) y la capitalización de intereses y comisiones.
  • Para justificar un interés notablemente superior al normal del dinero no puede alegarse el alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo de este tipo, muchas veces a través de campañas agresivas de comercialización. La concesión irresponsable de este tipo de operaciones, que facilitan el sobreendeudamiento, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Echamos en falta una mayor claridad y contundencia en cuanto a qué diferencia en el tipo de interés se entiende como usuraria, en aras a dar una mayor seguridad jurídica. Al dejar a cada tribunal dicha decisión, esta sentencia seguramente aumente la litigiosidad sobre un producto tan cuestionado como las tarjetas revolving, aunque ofrece argumentos a los consumidores afectados para plantear acciones de nulidad, que deberán ser examinadas de forma individual y a la luz de los criterios referidos.