Los contratos de arrendamiento se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece protecciones específicas para los inquilinos, que, si son vulneradas, pueden llevar a la nulidad de cláusulas contractuales abusivas o contrarias a la legislación.
La LAU establece derechos y obligaciones tanto para arrendadores como para arrendatarios, y busca equilibrar la relación contractual entre ambas partes. Algunas de las disposiciones clave incluyen:
- Duración mínima del contrato: Según la LAU, la duración mínima de un contrato de arrendamiento es de cinco años si el arrendador es una persona física, y de siete años si es una persona jurídica.
- Prórroga obligatoria: Al vencimiento del contrato, si el arrendatario no manifiesta su intención de no renovarlo, se prorrogará obligatoriamente por periodos anuales hasta alcanzar la duración mínima establecida.
- Actualización de la renta: La actualización de la renta debe estar claramente definida en el contrato.
Si el contrato de arrendamiento contraviene estas o alguna otra disposición de la LAU en perjuicio del arrendatario, las cláusulas que le causen un desequilibrio significativo serán declaradas abusivas. Además, los contratos deben cumplir con el principio de transparencia, redactándose de manera clara y comprensible, permitiendo al consumidor entender las condiciones esenciales del acuerdo.
Algunos ejemplos de cláusulas que pueden ser anuladas son:
- Cláusulas que limiten la duración mínima del contrato.
- Cláusulas que impongan penalizaciones desproporcionadas.
- Cláusulas que permitan al arrendador modificar unilateralmente las condiciones del contrato.
- Cláusulas que excluyan la prórroga obligatoria: Si un contrato incluye una cláusula que niega la prórroga obligatoria establecida por la LAU, esta cláusula será nula.
Para declarar la nulidad de una cláusula, el arrendatario puede ejercitar acudir a los tribunales para solicitar la nulidad de la cláusula abusiva.
