¿Cómo puedo recuperar el dinero de una tarjeta revolving?

¿Qué son las tarjetas revolving?

El crédito revolving, es un producto financiero orientado al consumo y que aplica un tipo de interés muy alto, ocasionado, muchas veces, que la devolución de dicho crédito no pueda ser satisfecho, pues al contar con intereses tan elevados, la deuda no para de crecer si no es satisfecha, derivando en un bucle que atrapa al consumidor en una espiral de deudas. Normalmente este tipo de créditos se articulan con tarjetas bancarias.

¿Qué han dicho nuestros tribunales?

Nuestros tribunales han declarado nulos este tipo de créditos, pues estos entienden que las entidades financieras se han aprovechado de los consumidores, a través del abuso del derecho, falta de transparencia y, subsidiariamente, considerándolos como créditos usureros.

¿Cuál es la indemnización que me corresponde?

El consumidor de este tipo de créditos puede reclamar la nulidad del contrato y la devolución de los intereses pagados excesivamente.

¿Qué tipo de tarjetas son las afectadas?

Todas las tarjetas de crédito revolving que apliquen un tipo de interés muy elevado, normalmente las que cuenten con un tipo de interés del 20% o más.

¿Cómo reclamar puedo reclamar?

Contacte con nosotros y estudiaremos su caso de forma gratuita. Si usted, en virtud de su crédito, puede o le sale rentable realizar una reclamación, nosotros nos encargamos de todo. No será necesario un pago anticipado, tan solo pagará si usted gana.

¿Debo unirme a una demanda colectiva?

Le recomendamos que no, pues el resultado sería el mismo, pero el tiempo es mucho más prolongado. Si se encuentra ya en un proceso de demanda colectiva puede desistir para iniciar una demanda particular, sin que acarree ninguna consecuencia para usted.

¿Cuánto tiempo se tarda en reclamar una tarjeta revolving?

Depende de la localidad en la que se presente la demanda y de la saturación de cada juzgado, si bien el tiempo medio de reclamación es entre 10 y 12 meses.

Gracias por confiar en Silva & Asociados.

¿Cómo afecta la desaparición del Libro de Familia?

Desde el pasado 1 de mayo los Registros Civiles ya no expedirán más libros de familia, que pasarán a ser sustituidos por un registro electrónico individual.

Este nuevo formato digital permitirá agilizar los trámites y podrá ser consultado desde cualquier aparato electrónico. Esto termina con las disputas entre los excónyuges por quién será el custodio del documento familiar, dado que ambos tendrán un código individualizado que dará acceso a su propio registro electrónico individual, en el que se deja constancia de todas las anotaciones que antes aparecían en el libro de familia. Así, cada recién nacido contará con su propio registro electrónico individual.

Por el momento, los libros de familia ya expedidos no pierden su validez y siguen operando como documento oficial válido. No obstante, esta validez es temporal, mientras se incorporan progresivamente los registros individuales.

Este novedoso registro individual tendrá funciones similares a las que desempeñaba el libro de familia: tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronamiento, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado solicitar el paro o cobrar el subsidio, viajar con un bebé, etc.

¿Se puede extinguir la pensión de alimentos por falta de relación de los hijos con su progenitor?

Sí, en el caso de que exista una absoluta falta de relación entre el progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos y sus hijos mayores de edad, siempre que ésta sea por causas imputables a los hijos y no a los progenitores, podrá extinguirse la pensión.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, cuando exista una absoluta falta de relación, siempre que la culpa sea atribuible al hijo, éste debe asumir las consecuencias de sus actos, que en este caso pasan por la extinción del derecho a la percepción de la pensión de alimentos.

De este modo, los requisitos que tienen que cumplirse para que se pueda extinguir la pensión del hijo son los siguientes:

  • Que el hijo sea mayor de edad.
  • Que no exista relación de ningún tipo con el progenitor.
  • Que sea una falta de relación perdurable en el tiempo, no basta un momento puntual.
  • Que la inexistencia de relación sea imputable únicamente al hijo, que no quiere tener relación con su progenitor.

El problema que puede aparecer en la práctica es probar quién es el culpable de esa falta de relación entre padres e hijos. Por ello, si se encuentra en un caso semejante, le recomendamos consultar su asunto en concreto, valorando las posibles pruebas que se pueden obtener de esta inexistencia de relación.

¿Se pueden recurrir las multas de tráfico por velocidad captada con radar?

La respuesta es sí, siendo viable el recurso de multas por exceso de velocidad captada con radar, y os exponemos un caso concreto.

En numerosas ocasiones, las sanciones impuestas por exceso de velocidad captada por radar, no contemplan el margen de error que la normativa prevé para los cinemómetros, que para los radares fijos es de 5 km/h para velocidades iguales o inferiores a 100 km/h y de 5% en caso de velocidades superiores y para los radares móviles, de 7 km/h para velocidades iguales o inferiores a 100 km/h y del 7% para velocidades superiores.

Por ello, en aplicación de esta normativa, si la sanción no ha aplicado estos márgenes, procederá restar 5 o 7 km/h, dependiendo de si se trataba de un radar fijo o móvil, a la velocidad que se hubiera captado por el radar, lo que en ocasiones puede implicar la reducción de la sanción, que no realicen detracción de puntos o incluso que no se llegue a imponer sanción alguna. Todo ello dependiendo del tramo en el que se haya impuesto la sanción y del límite de velocidad establecido en el lugar en el que se cometió la supuesta infracción. En Silva & Asociados le asesoramos sobre la reducción que se aplicaría en su caso concreto, como abogados expertos en recursos de multas.

Pese a que, en la fase de alegaciones puede ser que la administración no modifique la sanción, aduciendo que el radar estaba revisado y tenía un margen de error específico, inferior al que establece la normativa, los tribunales han venido interpretando que este margen específico, realmente no se ha demostrado que sea un valor constante, permanente, en el funcionamiento (durante todo el año de vigencia del certificado de verificación del aparato), por ello debe aplicarse el margen de referencia que la propia normativa establece, siempre a favor del administrado.

Así, aunque no haya obtenido un resultado favorable en sus alegaciones en vía administrativa, le recomendamos que no renuncie a su derecho a acudir a los Tribunales, ya que asesorado por un bufete con amplia trayectoria judicial, como Silva & Asociados, sus posibilidades de éxito se incrementarán. 

Si usted ha recibido alguna multa por velocidad, desde Silva & Asociados, como abogados especialistas en sanciones de tráfico, le recomendamos que consulte específicamente su caso, para que podamos valorar si la aplicación del margen de error lleva aparejada una disminución de la sanción.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados ante el cierre de las clínicas Dentix?

Muchos usuarios de estas clínicas se verán afectados por el cierre y el concurso de acreedores en el que está inmersa la entidad Dentix; ante esto, como consumidores y usuarios les asisten diversas acciones para reclamar los perjuicios que en cada caso se hayan ocasionado.

El primer paso que deben dar ante el abandono de sus tratamientos de forma unilateral por parte de la clínica, es presentar una reclamación previa ante la misma, o ante su domicilio social si la clínica a la que acudían ya ha cerrado sus puertas. Junto con esta reclamación, comunicando la intención de rescindir el contrato por incumplimiento de sus obligaciones, es conveniente que soliciten también su historial médico.

En el caso de que la financiera continúe pasando las cuotas mensuales que se habían acordado, también deben presentar reclamación previa contra la financiera, comunicando el abandono de las obligaciones recíprocas. Si aun con todo continúan pasando el cobro de esos recibos el usuario tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios por el cobro de lo indebido.

También le asiste la posibilidad al usuario de solicitar a la financiera que cumpla con el contrato finalizando los tratamientos, para lo que debería poner a su disposición otra clínica por el mismo precio que había sido acordado inicialmente.

En el caso de que se causasen perjuicios por mala praxis o perjuicios morales derivados de ese abandono del usuario, recomendamos que acuda cuanto antes a otra clínica, para que evalúen estos perjuicios y puedan ser reclamados posteriormente contra Dentix o su aseguradora. Asimismo, en caso de abandono del tratamiento, es recomendable también que le realicen una evaluación sobre el estado en el que se encuentra el mismo y los trabajos que quedan pendientes de realizar.

Dado que la casuística es diversa y los problemas generados por el cierre de estas clínicas pueden ser variados, recomendamos que consulten concretamente su caso, para que podamos ofrecerles soluciones personalizadas a su problemática concreta.

¿Es delito dejar de pagar la hipoteca del domicilio familiar tras el divorcio?

La respuesta es sí, no hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda que constituyó el domicilio familiar puede ser considerado delito de abandono de familia.

En su reciente sentencia de 25 de junio de 2020, el Tribunal Supremo ha dictaminado que las cuotas hipotecarias constituyen una prestación económica y como tal, encajan dentro del tipo del artículo 227.1 del Código Penal, en el que se prevé el delito de abandono de familia.

Según el alto tribunal, para este supuesto carece de relevancia si el pago de la cuota hipotecaria se califica como deuda de la sociedad de gananciales o carga del matrimonio, lo esencial es que la cuota hipotecaria que gravaba la vivienda familiar cubre una necesidad básica de los menores y que la sentencia que pone fin al matrimonio tendrá en cuenta cómo se efectúa el abono de la deuda hipotecaria a la hora de establecer la pensión de alimentos a favor de los hijos. Así pues, en el supuesto enjuiciado por el Tribunal Supremo, el impago de la mitad de las cuotas hipotecarias a las que estaba obligado el acusado, determinó la ejecución de la que constituía la vivienda familiar, por lo que se privó a los menores de su hogar y con ello de parte de los alimentos que estaba obligado a satisfacer.

Efectos de la crisis del Covid-19 en las pensiones de alimentos

A causa de la crisis económica desencadenada como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, muchas familias han sufrido un cambio sustancial en su capacidad económica, lo que tiene reflejo directo en la imposibilidad de hacer frente a la cuantía de la pensión de alimentos que los progenitores divorciados pasan mensualmente a sus hijos.

Ante situaciones de este tipo, puede surgir la cuestión de si cabe la posibilidad de dejar de pagar la pensión de alimentos, la respuesta es negativa, puesto que en caso de impago el otro progenitor podría interponer una demanda ejecutiva para hacer cumplir la sentencia o convenio, ya que en nuestro ordenamiento no existe ninguna regulación que permita suspender o reducir la cuantía de la pensión de alimentos en casos de fuerza mayor.

Por su parte, presentar una demanda de modificación de medidas para solicitar una reducción de la cuantía de la pensión, tampoco resulta una solución efectiva a corto plazo, dado que, pese a que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de agilización de la Justicia para hacer frente al COVID-19, ha dado carácter de urgencia a la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos cuando cambian sustancialmente las circunstancias económicas, la simple calificación de estos procedimientos como urgentes, no parece que pueda solucionar la acumulación de procesos que se prevé para cuando se retome la actividad judicial.

Por ello, consideramos que la solución más efectiva pasa por llegar a acuerdos entre los progenitores, siempre redactados por escrito por profesionales. Especialmente en aquellos supuestos en los que el impacto económico pueda considerarse transitorio, los pactos entre los ex cónyuges pueden consistir en la minoración de la cuantía las pensiones, estableciendo sistemas para volver a la cuantía inicial en caso de recuperar la estabilidad económica anterior a la crisis del Covid-19. En todo caso, debe valorarse de forma individual cada caso concreto, con el fin de articular acuerdos a los que ambas partes puedan dar cumplimiento efectivo.

¿Se puede reclamar contra los intereses abusivos de determinadas tarjetas de crédito?

Atentos a la importante Sentencia del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, en Sentencia 149/2020 de 4 de marzo de 2020 (Rec. 4813/2019) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Wizink contra la Sentencia 402/2019, de 9 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santander, que declaraba la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito revolving, aplicando la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908.

No se trata de una declaración general de nulidad de este tipo de contratos, aunque el Tribunal, recordando su sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, ofrece los siguientes puntos a examinar en estos contratos de cara a determinar si está viciado o no de nulidad:

Si el reclamante tiene la condición de consumidor, «el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores». En este caso no se examina esa cuestión porque la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

El art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura establece que «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso…». Sin embargo, en España la regulación no indica qué se entiende como interés notablemente superior por lo que es obligación de los tribunales realizar esa labor de ponderación una vez tomado un índice de referencia, que será «el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada».

Tanto la sentencia de instancia como el Tribunal Supremo toman como referencia el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving, que en el supuesto enjuiciado era del algo superior al 20%. Wizink aplicaba al crédito de la tarjeta revolving un interés del 26,82%. Este porcentaje se considera usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario con base en las siguientes razones:
El tipo del que se parte para realizar la comparación (el 20%) es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia, menos margen habrá para incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura.

Deben tenerse en cuenta otras circunstancias como el perfil del contratante (normalmente personas que no pueden acceder a otras formas de financiación), las peculiaridades del crédito revolving (crédito que se recompone constantemente, cuotas bajas en comparación con la deuda y que se alargan el en tiempo, con una clara desproporción entre amortización de capital e intereses) y la capitalización de intereses y comisiones.

Para justificar un interés notablemente superior al normal del dinero no puede alegarse el alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo de este tipo, muchas veces a través de campañas agresivas de comercialización. La concesión irresponsable de este tipo de operaciones, que facilitan el sobreendeudamiento, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Echamos en falta una mayor claridad y contundencia en cuanto a qué diferencia en el tipo de interés se entiende como usuraria, en aras a dar una mayor seguridad jurídica. Al dejar a cada tribunal dicha decisión, esta sentencia seguramente aumente la litigiosidad sobre un producto tan cuestionado como las tarjetas revolving, aunque ofrece argumentos a los consumidores afectados para plantear acciones de nulidad, que deberán ser examinadas de forma individual y a la luz de los criterios referidos.

¿Puedo reclamar a mi compañía aseguradora de decesos los servicios no prestados?

Debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 se ha prohibido la celebración de actos funerarios, por lo que es posible que determinados servicios contratados en su seguro de decesos finalmente no se hayan podido prestar.

En estos casos, existe el derecho a reclamar a la compañía aseguradora la devolución del importe de los servicios funerarios que no se han llevado a cabo.

Este derecho de reembolso se prevé en la Orden del Ministerio de Sanidad 298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Según esta norma, en el caso de servicios o productos contratados que no puedan ser disfrutados o entregados al usuario, se devolverá al consumidor o usuario los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos, en caso de que esto se incumpliese, se considerará infracción de las normas para la defensa de los consumidores y usuarios.

Asimismo, la Ley de Contrato de Seguro faculta al tomador o, en su caso, a los herederos para reclamar la diferencia entre el capital asegurado y el precio de los servicios finalmente prestados.

Para determinar la suma por la que existe el derecho a reclamar debe solicitar de su aseguradora una copia de la factura funeraria con los servicios y costes desglosados. La diferencia entre esta factura y el capital asegurado en su póliza es la cuantía que usted podrá reclamar a la aseguradora.

También puede ocurrir, que pese a no poder celebrarse determinados servicios que se habían contratado, como por ejemplo los velatorios, la familia decida destinar ese importe a otros servicios que si se pudieran llevar a cabo. En todo caso, debe quedar a su elección.

Asimismo, las funerarias no podrán fijar un precio superior al que tuviesen con anterioridad al 14 de marzo de 2020, limitación que también es aplicable a los servicios contratados a través de un seguro de decesos.

Por último, cabe reseñar que determinadas pólizas de seguro excluyen la cobertura en caso de fallecimiento a causa de una pandemia. A este respecto, UNESPA (la patronal de las aseguradoras) ha comunicado que de forma excepcional se está aceptando la cobertura de fallecimiento por coronavirus aunque esté excluida de la póliza. Con todo, si nos encontramos con que nuestra compañía no aceptase el siniestro amparándose en dicha cláusula, debemos señalar que si se tratase de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado se tendrá por no puesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, por lo que recomendamos que acuda a profesionales que le asesoren sobre si procede o no aplicar dicha cláusula.

Régimen de custodia, visitas y estancias de menores: Recomendaciones para esta declaración del Estado de alarma

Ante la situación actual de incertidumbre de numerosos progenitores separados que no saben como actuar ante la situación actual que vivimos en relación con el régimen de custodia o visita, vemos necesario realizar las siguientes precisiones:

La situación generada por la declaración del estado de alarma no tiene antecedentes, por lo que todos (padres, jueces, abogados, etc.) nos movemos en un cierto marco de incertidumbre.

Desde nuestro punto de vista, la declaración de estado de alarma no debería afectar al régimen de visitas o custodia. Este se encuentra estipulado en una resolución judicial de obligado cumplimiento y el articulo 7.h del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que permite el desplazamiento para “actividades de análoga naturaleza”. Consideramos que el cumplimiento de una resolución judicial que establece un régimen de visitas en causa que justifica el desplazamiento.

La realidad es más rica que el derecho y, sin lugar a dudas, existirán casos en los que sea desaconsejable el cumplimiento de dicho régimen: convivencia con personas mayores o grupos de riesgo, desplazamientos de grandes distancias o en varios medios de transporte público, etc. Lo mejor en estos casos es que los progenitores traten de llegar a un acuerdo entre ellos para alterar de algún modo dicho régimen de forma temporal en beneficio y para protección, en primer lugar, de los menores y, en segundo lugar, de los demás familiares, recomendándose dejar constancia de ello por escrito.

En el caso de no ser posible el acuerdo, podría buscarse algún tipo de mediación por parte de los abogados. Y si uno de los progenitores considera que el régimen vigente supone un riesgo para el menor, podrá acudir al procedimiento urgente del art. 158 CC, que sí es posible tramitar mientras permanezca vigente la declaración de estado de alarma.

El progenitor que no tenga la custodia tendrá derecho a mantener el contacto durante dicha limitación con el menor, sea a través de teléfono, Whatsapp o similar y el progenitor custodio estará obligado a facilitarlo.

Si la situación se prolonga más de dos semanas, debería acumularse los días de visita de manera continuada para su disfrute por el progenitor no custodio. Incluso los progenitores que vean recortados sus derechos de visita y estancia podrían compensarlo en todo o en parte una vez termine el estado de alarma.

En definitiva, estamos ante una tesitura nueva y excepcional por lo que, en primer lugar, se debe instar a los progenitores a alcanzar acuerdos entre ellos para afrontarla buscando siempre el bienestar de los menores.

Pregunten siempre a su abogado en caso de duda y, sobre todo, no se fíen de noticias, rumores o titulares sensacionalistas publicados en algunos medios que solo están provocando más inseguridad y desconcierto en un asunto de suma importancia.