La reciente actualización de la Ley General para la Defensa de Consumidores, que se aplica desde el 1 de enero de 2022, amplía el plazo de garantía de los productos a 3 años, además del plazo en el que los fabricantes deben de asegurar las piezas de repuesto, que pasa de 5 a 10 años.
Para el caso de bienes de segunda mano se podrá pactar el plazo más reducido que el de los productos nuevos pero, en todo caso, nunca puede ser inferior a un año.
Otra de las novedades que se introduce con esta reforma es la ampliación del plazo de inversión de la carga de la prueba: de 6 meses pasa a dos años. Esto quiere decir que el consumidor solo tiene que demostrar que el bien no es conforme a lo acordado, sin que sea necesario demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega.
Esta reforma implica en la práctica que cuando un bien o producto no tenga la durabilidad pactada, el consumidor puede optar entre la reparación o la sustitución durante los tres primeros años desde su adquisición, siendo aplicable a todos los productos adquiridos a partir del 1 de enero de 2022.
Estos cambios tratan de establecer patrones de consumo más sostenibles, luchar contra la obsolescencia y reducir el impacto medioambiental.
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