La prescripción es un concepto legal que establece límites de tiempo para presentar reclamaciones legales, pero en el contexto de las relaciones con la Administración Pública, comprender cómo y cuándo se pueden interrumpir estos plazos es esencial.
En este sentido, el Tribunal Supremo considera que el burofax no es la herramienta adecuada para interrumpir la prescripción frente a la Administración Pública, pues la presentación de un escrito que se limite tan solo a comunicar la intención de interrumpir la prescripción mediante su presentación al amparo del artículo 1973 del Código Civil no determina dicha interrupción en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Lo conveniente en estos casos es presentar la reclamación en el plazo de un año desde la estimación del daño o perjuicio a reclamar y la constancia de entrega de la mencionada reclamación, sea a través de un registro público o preferentemente electrónico.
